Radiaciones
Radiaciones peligrosas. Más chulos que la pana.
Un informe Chileno sobre lo efectos de la radiación electromagnética en la salud, elaborado en 2003 por el profesor Andrei N. Tchernitchin del Laboratorio de Endocrinología Experimental y Patología Ambiental, Instituto de Ciencias Biomédicas, facultad de Medicina de la Universidad de Chile y la Comisión de Salud y Medioambiente del colegio Médico de Chile, ya entonces decía:
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Existen evidencias científicas comprobadas que por un lado la exposición a campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja tales como los producidos por la corriente eléctrica domiciliaria y los producidos por tendidos y transformadores de alta tensión, y por otro lado las radiaciones electromagnéticas de radiofrecuencias de microondas como las de telefonía móvil, todas ellas constituyen un factor de riesgo para la salud humana. En especial, aumentan el riesgo para el desarrollo de diversos tipos de cáncer. Estos efectos son causados por intensidades menores que aquellas que causan efectos térmicos y están normadas.
Además sigue diciendo: es necesario considerar que el desarrollo del cáncer por exposición a radiaciones electromagnéticas es un efecto diferido, es decir, se desarrolla después de un periodo de latencia que puede ser de varios años. En el caso específico de los teléfonos móviles y el de sus antenas de retransmisión, es posible que cuando se haya cumplido un tiempo más largo de exposición a radiaciones provenientes de esta fuente, los efectos se manifiesten con más claridad y con mayor significancia estadística. La semejanza de este tipo de radiación electromagnética con aquella en la que se han demostrado claramente efectos biológicos hace suponer con alta probabilidad que los efectos adversos para la salud, también se pueden producir y que al prolongar el estudio de los efectos en el tiempo, se podrán detectar dichos efectos.
Hoy en día, la información es mucho más amplia; en anteriores ocasiones hemos nombrado estudios muy serios. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo vio muy claro cuando en el 2004 declaró que las estaciones base de telefonía (BTS), o torres de telecomunicaciones, deben considerarse como actividad clasificada y estar sujetas al Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. Esto significa que un alto técnico especializado de la DGA, debía de comprometerse a supervisar la explotación industrial y asegurar bajo su responsabilidad que las instalaciones reunían las garantías de salud suficientes como para que los ciudadanos pudiésemos estar tranquilos.
Demasiado compromiso para que la certificación se firmara a la ligera, lo que suponía una dificultad ante los programas agresivos de los operadores que desesperaban en la carrera por su expansión.
Con la razón del poderoso, y en beneficio de sus intereses económicos, puesto que en el Ayuntamiento, no les iba tan bien, dada la intervención continuada de los ciudadanos vigilantes en la defensa de la ordenanza, los operadores, debían jugar una nueva baza con el Gobierno de Aragón y las Cortes, consiguiendo ahora sí, que en la nueva Ley de Protección Medioambiental, publicada en el BOA de 17 de Julio 2006, Anexo VII se incorporase una nueva cláusula: las antenas de telecomunicaciones son consideradas actividades excluidas de licencia de actividad ambiental de actividades clasificadas.
Enhorabuena a los operadores de telefonía, pues han sabido hacer que nuestros Señores Diputados se dejen resbalar hacia sus intereses, en virtud de su ignorancia, su indiferencia, y despreocupación, etc., en virtud de lo cual, ha quedado mutilada la Ordenanza que regula el espacio radio-eléctrico en la ciudad de Zaragoza, el municipio más importante de Aragón, con más de 600.000 habitantes, beneficiando a las operadoras permitiéndoles disponer ya de una ciudad sin ningún tipo de limitaciones, dado que a partir de ahora solo les basta la licencia de apertura para explotar Instalaciones Industriales en las azoteas, como si se tratase de la apertura de una mercería.
La ordenanza de Zaragoza, fue modelo; una de las que ofrecía mayor garantías de cara a proteger la salud pública, conseguida con el respaldo de 9.000 firmas de ciudadanos y de Personalidades Científicas muy serias con sus informes científicos, y otros informes científicos también muy serios que aportaron los ciudadanos, y lo siguen haciendo actualmente. Nunca una ordenanza en nuestra ciudad, y en ninguna ciudad Española, consiguió tal respaldo ciudadano, ni ha sido tan menospreciada a la vez por sus gobernantes, a quienes quemaba obligar a su cumplimiento, dada la presión de los poderes económicos de las telecomunicaciones. Pero nuestros Diputados, ignorándolo todo, lo han tirado por la borda. No reflexionaron que Aragón fue tierra de Derechos y Libertades, de los cuales queda poco, no sólo fue Felipe II quien nos los arrebató, también lo están haciendo nuestros miembros de la Cámara que representa a los Aragoneses, tal como se ve, no han sabido cuidar de éste derecho, y lo han cercenado.
En el 2003, el Legislador, dilapidó las limitaciones de potencias, tras un Consejo de Ministros del Gobierno Aznar. Más tarde, recurrida por las operadoras de telefonía móvil, el TSJA, pone en cuestión las distancias de seguridad de los 100 metros a las áreas sensibles (colegios, centros sanitarios, etc.). Ahora, nos tenemos que conformar con el concepto de minimización, acogido al RD 1066/28 sep/2001 y a la Orden Ministerial de enero 2002, que veremos la interpretación que hacen los jueces …, porque las pocas limitaciones que impone ya el Plan de Implantación aprobado en Pleno de julio de 2006 por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, han sido recurridas por operadores de telefonía.
La puñalada trapera contra las garantías de salud de los aragoneses ante el riesgo a la radiación de las antenas de telefonía, por parte del Legislador Aragonés, en este punto de la Ley de Protección medioambiental es vergonzosa cuando menos, y los señores Diputados de las Cortes Aragonesas que han dado el visto bueno, son los responsables. Cabe preguntar ¿porqué lo han hecho así, cuando han sido informados por parte de los ciudadanos con kilos de documentación seria? Y ¿a qué se debe tal conducta?
Por otro lado, cada vez se hace más difícil al ciudadano, poder acceder a la Administración. Si uno se dirige al Ministerio de Industria para expresar su preocupación en los diferentes aspectos: mediciones, orientación de los emisores, ubicación de las estaciones base, etc. , siempre recibe el mismo folleto liante y desinformativo en el que te dice que no hay razones para estar intranquilo. Pero es curioso, que la respuesta es la misma, preguntes lo que preguntes, de lo que se deduce que lo que importa es el negocio que realiza el Gobierno con el alquiler del espacio radioeléctrico a sus clientes los operadores, a quienes quiere tener contentos. Es más, el despabilado „Ministro Clos“ contesta diciendo que realmente las instalaciones son muy feas, y que habría que resolverlo camuflándolas.
Las mediciones que se exponen en la pág Web de Industria, han sido realizadas por empresas „contratadas“ por las mismas operadoras, que son sus certificadoras a quienes pagan por las mediciones. Nunca lo hacen desde la vertical frente a los lóbulos principales de radiación y desde las viviendas más próximas ubicadas frente a los emisores y a horas punta, de máxima actividad, que es precisamente cuando y donde hay que saber cuales son los niveles máximos de exposición a los que estamos sometidos los ciudadanos.
Si el ciudadano preocupado, solicita a la Dirección General de Telecomunicaciones que se realicen medidas en su casa, lo primero que tiene que hacer el sufrido civil, es preparar la cartera, y bien, que no es gratis, para que te digan que los resultados están por debajo de los límites que permite el Real Decreto Ley 1066 de sep. /2001. Unos límites tan exagerados como si la limitación de velocidad en carretera estuviese a 1000 kilómetros/hora; en el que los 1.000 microwatios/ centímetro cuadrado, se salen hasta del rango de medida de los instrumentos. Una burrada puede decirse sin exagerar. Tal es así que los nuevos equipos de medida dan una lectura virtual al % de los valores máximos.
A esto añadiremos que en una ciudad donde el nº de instalaciones supera actualmente a las 300, el Ayuntamiento no tiene a ningún ingeniero de telecomunicaciones que supervise al menos los proyectos; ni siquiera un técnico cualificado. Cuando el Ayuntamiento debe tener potestad para regular este tipo de instalaciones. Por lo tanto, la situación es totalmente lamentable.
Por lo tanto, señores Diputados, cuando la Recomendación de la Unión Europea de julio del 99 dice que es preciso defender a los ciudadanos de los efectos que producen los campos electromagnéticos que se saben que pueden ser nocivos para la salud; reconoce que son molestos, nocivos, insalubres y hasta peligrosos; cuando hasta el Real decreto Ley 1066de sep. del 2001 pone límites, aunque sean elevados, reconoce lo mismo. Cuando la Comisión Europea dejó de financiar una investigación internacional justo cuando se mostraron los primeros indicios de que con niveles de exposición iguales o menores a los permitidos, se producen modificaciones en las células, incluidas las alteraciones de la información genética. Cuando hay investigación científica fresca como la del Profesor Mayayo de la Universidad Rovira y Virgili, informes como uno Alemán y otro Israelí en los que queda reflejado que vivir en un área de 350 metros bajo la influencia de la radiación de una antena incrementa al triple en nº de casos de cáncer con respecto a quienes viven fuera, cuando …, etc. (les recomiendo que visiten y estudien la pag.: www.avaate.org); cuando en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, por no decir todas, legislan considerando la actividad clasificada, ustedes van y se la pulen en una ley medioambiental autonómica, Son ustedes más chulos que la pana. Saben que les digo: que les voten las multinacionales.
Artículo de Juan Manuel Puértolas
Vicepresidente de ASIDES (Asociación Independiente para Defender la Salud)
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